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Profesor: No especificado

Autor: iuno15

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LECCIÓN 47. LA EJECUCIÓN PROVISIONAL 1. Concepto y características 2. Resoluciones susceptible de ejecución provisional 3. Procedimiento 4. Oposición 5. Suspensión de la ejecución provisional. 6. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada Epígrafe 1: Concepto y características La ejecución provisional se encuentra regulada en los artículos 524 a 537 LEC, esto es, en el Libro III, dedicado a la ejecución forzosa y las medidas cautelares, lo que nos indica que a la ejecución provisional le resultan aplicables las normas generales que sobre la ejecución forzosa prevé dicho Libro III, sin perjuicio, lógicamente, de lo que resulte incompatible con el carácter provisional de la ejecución. El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE no sólo comprende el derecho a una resolución sobre el fondo sino también el derecho a que se ejecute dicha resolución. Sin embargo, para que dichas resoluciones sean susceptibles de ejecución requieren, como norma general, el carácter de firmeza. Como sabemos, el título ejecutivo típico es la sentencia firme de condena. No obstante, la firmeza no siempre lleva aparejada ejecución, de tal manera que, como vimos anteriormente, existen resoluciones firmes que no son susceptibles de ejecución forzosa (las sentencias meramente declarativas y las sentencias constitutivas) y, por otro lado, y ahí es donde entra la ejecución provisional, el legislador, en determinados supuestos, va a permitir la ejecución forzosa de resoluciones que todavía no han adquirido firmeza. En estos casos en los que sentencias de condena que están pendientes de recursos pueden ser objeto de ejecución forzosa, dicha ejecución será, en todo caso, provisional. Y será provisional porque, al estar pendiente la resolución del recurso, la sentencia puede ser objeto de modificación. La ejecución provisional, por tanto, podemos definirla como la ejecución de resoluciones no firmes. A pesar de la posibilidad que nuestro legislador contempla, en el Titulo II del Libro III de la LEC, de ejecutar provisionalmente sentencias que no han adquirido firmeza, no podemos olvidarnos de que tal posibilidad se trata de simple política legislativa, pues no existe un derecho, constitucionalmente reconocido, a ejecutar sentencias definitivas. En otras palabras, el artículo 24.1 CE no incluye en el derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la ejecución provisional de sentencias definitivas. * Apuntes de clase: - Firmeza distinto de ejecutabilidad. - Características: o Todas las sentencias de condena son provisionalmente ejecutables ex lege. o Corresponde al ejecutado oponerse. o La legitimación corresponde a quien tenga un pronunciamiento a favor. o El solicitante de la ejecución no presta caución. Epígrafe 2: Resoluciones susceptible de ejecución provisional La LEC determina qué resoluciones judiciales son susceptibles de ser provisionalmente ejecutadas, y cuáles no, en los artículos 524.2 y 525, respectivamente. Así, el artículo 524.2 LEC señala que se pueden ejecutar provisionalmente las sentencias de condena que no sean firmes, mientras que el artículo 525 LEC recoge la prohibición de ejecutar provisionalmente una serie de resoluciones judiciales. Respecto a las resoluciones que pueden ser objeto de ejecución provisional, cabe preguntarse si sólo las sentencias de condena no firmes pueden serlo y si todas las sentencias de condena que no hayan adquirido firmeza pueden ser ejecutadas provisionalmente. En primer lugar, hay que señalar que, al hacer referencia el artículo 524.2 LEC expresamente a este tipo de resoluciones, está excluyendo tal posibilidad a las sentencias meramente declarativas y a las sentencias constitutivas que, como ya hemos visto, no son susceptibles, en general, de ejecución forzosa sino de ejecución impropia, en todo caso. En segundo lugar, aunque la ley diga expresamente sentencias de condena, hay que entender que también son susceptibles de ejecución provisional los autos no firmes. El artículo 525 LEC expresamente determina qué sentencias no son provisionalmente ejecutables: 1. «Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.» Esta prohibición es relevante, más que por lo que prohíbe, por lo que permite. En principio, puesto que se tratan todas ellas de sentencias meramente declarativas y constitutivas, no pueden ser objeto de ejecución provisional, dado que no pueden ser objeto de ejecución forzosa en general; por tanto, aun cuando no existiera esta prohibición expresa, por los motivos indicados, tampoco podrían ser susceptibles de ser provisionalmente ejecutadas. Lo realmente significativo de esta prohibición es la salvedad que la norma realiza en cuanto a la posibilidad de ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de condena sobre relaciones patrimoniales relacionadas con el objeto del proceso. Por último, puesto que estamos ante sentencias susceptibles únicamente de la llamada ejecución impropia, lo que esta norma estaría prohibiendo sería la posibilidad de producir eficacia antes de adquirir firmeza, de tal manera que no sería posible realizar provisionalmente aquellas actuaciones necesarias para que las mismas tengan eficacia plena, tal como realizar las correspondientes inscripciones en los Registros públicos, por ejemplo. Lógicamente, esta prohibición tiene su fundamento en la naturaleza de la acción que se ejercita, pues cuestiones sobre estado jurídico de las personas no pueden estar sometidas a la posible revocación de las actuaciones ejecutivas consecuencia de la resolución de un recurso pendiente. 2. «Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.» Las sentencias de este tipo se hallan incluidas entre las sentencias de condena de hacer y, como tales, tienen un régimen especial de ejecución previsto por el legislador en el artículo 708 LEC, por lo que, afirma el profesor DIEZ-PICAZO, no resulta raro que el artículo 525 LEC les niegue la posibilidad de ser provisionalmente ejecutables. Se trata de un hacer personalísimo que no admite sustitución provisional por otra actividad. 3. «Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.» Esta expresa prohibición de ejecutar provisionalmente este tipo de sentencias parece aconsejable desde el punto de vista de la discutida naturaleza de las mismas, pues existen dudas acerca de si siempre son meramente declarativas. En cualquier caso, dejando aparte su discutida naturaleza jurídica, de lo dispuesto en este precepto cabe entender que, en tanto en cuanto la sentencia que declare la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial no adquiera firmeza, la declaración de nulidad o caducidad no tendrá eficacia. Asimismo, hay que destacar que, así como en el primer supuesto previsto en este artículo 525 LEC el legislador permite expresamente que los pronunciamientos de carácter patrimonial derivadas de esa clase de procesos sean provisionalmente ejecutables, no hace lo propio con los pronunciamientos de condena en los procesos sobre propiedad industrial, por lo que habrá que entender que la prohibición de ejecución provisional alcanza también a éstos. 4. «Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España.» Sin entrar en el análisis de los convenios vigentes en España sobre esta materia, sólo cabe recordar que el citado Reglamento 44/2001 permite la ejecución provisional de las decisiones judiciales extranjeras. 5. «No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.» Esta prohibición ha sido incluida en el artículo 525 LEC por la Disposición Adicional 12.ª de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La justificación de tal exclusión no es cuestión pacífica en la doctrina, puesto que favorece al demandado en tanto en cuanto la ejecución provisional de este tipo de resoluciones afectaría al derecho a la libertad de expresión en el caso de que el condenado no tenga recursos económicos para hacerle frente. Epígrafe 3: Procedimiento Antes de iniciar el procedimiento de la ejecución provisional resulta necesario recordar que el artículo 524.2 LEC remite al procedimiento previsto para la ejecución forzosa ordinaria, de tal modo que el procedimiento para la ejecución provisional se regirá supletoriamente por dichas normas. Por otro lado, la ejecución provisional no sólo es posible frente a sentencias definitivas dictadas en primera instancia, sino también frente a las dictadas en segunda instancia, por lo que el procedimiento, exceptuando alguna especialidad, es el mismo, independientemente del recurso que se encuentre pendien

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