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Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1990, asunto Factortame, núm. C-213/89 Estamos ante una sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1990, respondiendo a la petición dirigida a dicho Tribunal por la House of Lords, destinada a obtener, en el litigio entre The Queen y Secretary of State for Transport, una decisión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comunitario, relativa al alcance de la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales para ordenar medidas provisionales cuando se cuestionan derechos conferidos por el Derecho comunitario.El 16 de diciembre de 1988, un grupo de armadores españoles y determinadas sociedades británicas impugnaron ante la Hig Court of Justice la compatibilidad de la Merchant Shipping Act 1988 con el Derecho comunitario y, especialmente con el artículo 52 del Tratado CE. La referida Ley establecía la creación de un nuevo registro de buques de pesca británicos y supeditaba la matriculación de estos últimos, incluidos los ya matriculados en un registro antiguo, a determinados requisitos de nacionalidad, de residencia y de domicilio de los propietarios. A los barcos de pesca que no pudieran matricularse en el nuevo registro se les privaba del derecho a faenar. Es por ello, que los querellantes solicitaron la concesión de medidas provisionales para todo el periodo de de tramitación hasta que recayera sentencia firme sobre su recurso contencioso administrativo.El 10 de marzo de 1989, la Divisional Court de la Queen, decidió suspender el procedimiento y establecer, con carácter provisional, la suspensión de aplicación de la parte II de la ley y de los reglamentos de 1988, en lo que respectaba a los demandantes.Posteriormente, se produjo un recurso de apelación por parte de los reclamantes, contra las medidas adoptadas por la Divisional Court. En este sentido, la Court of Appeal, anuló la resolución adoptada por la Divisional Court, ya que decidió que en virtud del Derecho nacional, los órganos jurisdiccionales no tenían la facultad de suspender provisionalmente la aplicación de las leyes.Todo ello se trasladó a la House of Lords, la cual dictó el 18 de mayo de 1989, una resolución que establecía que por un lado, eran fundadas las alegaciones de los apelantes, en relación a la Merchant Shipping Act, respecto del perjuicio irreparable que sufrirían en caso de que no se otorgasen las medidas provisionales solicitadas; pero por otro lado, la House of Lords, entendió que, según el derecho nacional, los órganos jurisdiccionales británicos no tenían la potestad de ordenar medidas provisionales en un asunto como el que se estaba tratando, en virtud de una vieja norma del "common law".Es por ello que ante las dudas que suscitaba la cuestión se planteó que a pesar de la existencia de dicha norma nacional, los órganos jurisdiccionales británicos tenían la facultad de interponer las medidas provisionales contra la propia Corona, fundamentándose en el Derecho comunitario. Considerando que el litigio presentaba un problema de interpretación del Derecho comunitario, la House of Lords dictó suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciase ante las cuestiones planteadas; siendo esta, básicamente, que si un Juez nacional que conoce de un litigio referente al Derecho comunitario y que considera que el único obstáculo que se opone a que él pueda ordenar medidas provisionales, es una norma del Derecho nacional, teniendo que excluir la aplicación de esta norma.El Tribunal de Justicia declaró que en virtud del principio de la supremacía del Derecho comunitario, se hace inaplicable, cualquier disposición del derecho interno contraria a la legislación comunitaria. Así mismo, sería incompatible con el Derecho comunitario, toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o toda práctica, legislativa, administrativa o judicial, que redujese la efectividad y eficacia del Derecho comunitario; incluyendo la obligación del Juez, de excluir toda disposición legislativa nacional que puede constituir un obstáculo a la plena eficacia de las normas comunitarias. También es necesario señalar, que la eficacia del Derecho comunitario se verá reducida, si una norma nacional que impida a un Juez, conocedor de un litigio regido por el Derecho comunitario, conceder medidas provisionales para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados con base en el Derecho comunitario.Paralelamente a todo ello, la Comisión, el 4 de agosto de 1989, había interpuesto un recurso de incumplimiento de Estado contra el Reino Unido que finalizó, mediante Auto de 10 de octubre de 1989 del Tribunal de Justicia¹ (246/89 R, Rec. 1989, p. I-3125), acordando la adopción de medidas provisionales destinadas a la suspensión de los requisitos de matriculación citados.El Tribunal de Justicia, en relación a la cuestión planteada por la House of Lords, declara que: "El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional, que esté conociendo de un litigio relativo al Derecho comunitario, debe excluir la aplicación de una norma de derecho nacional que considere que constituye el único obstáculo que le impide conceder medidas provisionales".¹- El Tribunal de Justicia también decretó, mediante Sentencia condenatoria, confirmando que los requisitos de la Merchant Shipping Act de 1988 eran contrarios al Derecho comunitario (Sentencia de 4 de octubre de 1991, Factortame II, Asunto C-246/89, Rec. 1991, p. I-458

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