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internacional privado 2012

derecho internacional privado - Dret UV

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Profesor: Manuel de lorenzo segrelles

Autor: ymuñoz

Idioma: Castellano

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Lección 11 Estatuto Personal: régimen de las Personas Físicas I.- EL ESTATUTO PERSONAL 1.- Descripción: Hoy se entiende que el estatuto personal refiere y engloba al conjunto de instituciones y materias que se vinculan directamente con la persona, conformando su condición de sujeto de derecho. El CC en su art. 9.1.I incorpora un concepto de estatuto personal bastante amplio, materias vinculadas directamente con la persona son, básicamente, la personalidad jurídica (en su doble ámbito de fijación de su comienzo y extinción y de los derechos inherentes a la misma), el estado civil y la capacidad de obrar de las personas. Sin embargo este artículo incluye dentro del estatuto personal, junto a la capacidad y al estado civil, a los derechos y deberes de familia y a la sucesión por causa de muerte. Históricamente, el concepto de estatuto personal se refirió indistintamente a las personas físicas y a las jurídicas. El art. 9.11 CC de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1 del art. 9, señala que la ley personal de las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad, esta ley determinará su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. 2.- La ley reguladora del estatuto personal: la ley personal del sujeto A.- La ley de la nacionalidad como ley personal del sujeto: El estatuto personal viene regulado en España por la ley nacional de las personas. El art. 9.1.I CC afirma que la ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Se entiende que la nacionalidad es un criterio claro y privilegiado de vinculación o de conexión entre un concreto sujeto y la sociedad en la que éste desarrolla su actividad diaria. Generaría un vinculo efectivo, duradero y fácilmente determinable entre el individuo y el país con el que éste, en principio, mantiene un mayor grado de conexión. La opción de la nacionalidad como criterio de conexión, ha sido objeto de críticas: 1).- Por un lado se entiende que esta opción no sólo responde a unas coordenadas temporales e ideológicas muy concretas que hoy han perdido parte de su vigencia, y que además permite en ocasiones la aplicación de una ley que cuenta con poca o nula vinculación con la realidad diaria de la persona. Ej: una persona que emigra de un país a otro, estableciendo su entorno vital en el país de acogida, la aplicación de su ley nacional supondrá la referencia a una ley con al que éste guarda escasa vinculación en el presente. 2).- También la ley nacional se utiliza en un entorno social que se caracteriza por la existencia de un amplísimo volumen de emigrantes, lo que la hace poco convincente. Porque fomentan la introducción de instituciones desconocidas y por convertirse en un elemento de exclusión jurídica,al conducir a que personas que han hecho de un país su patria y que no tienen voluntad de volver a su nación de origen vean reguladas sus relaciones por el ordenamiento jurídico del Estado del que son nacionales, y no por el ordenamiento del país de acogida. Las dificultades que tiene el criterio de la ley nacional del sujeto, como reguladora del estatuto personal ha llevado al legislador Español, en línea con otros legisladores estatales, y con lo que hecho la Conferencia de La Haya en las últimas décadas, a utilizar de forma creciente la conexión residencia habitual. Una conexión realista y efectiva, aunque con cierto grado de volatilidad. Esta incorporación reciente del legislador Español es subsidiaria a la de la nacionalidad, que sigue siendo la condición de conexión principal, ej: art. 9.2 y 9.3 CC en relación con los efectos personales y patrimoniales del matrimonio; en el art. 9.4 CC sobre la filiación; o el art. 107.2 CC sobre la separación y divorcio. La referencia a la residencia habitual, sin embargo, en nuestro modelo cuenta con la dificultad de concretar su significado, atendida la equiparación entre domicilio y residencia habitual formulada en el art. 40 CC. B.- Problemas de concreción de la nacionalidad de las personas físicas. La realidad pone de manifiesto la presencia, de personas que son consideradas como nacionales de más de un Estado, como de sujetos que no cuentan con nacionalidad alguna. Una y otra situación afectan directamente a la viabilidad y aplicación en la práctica de la conexión nacionalidad prevista en nuestra legislación. El legislador español incorpora en el CC dos preceptos, cuyo objetivo es resolver los problemas generados por estas dos situaciones: los arts 9.9 y 9.10 CC, ambas reglas cuentas con un ámbito de aplicación limitado a las normas de DIPr recogidas en el capítulo IV "normas de derecho internacional privado". a).- Supuestos de doble nacionalidad: el legislador español asume la posible presencia de personas que son considerados como nacionales por más de un Estado, y la correlativa necesidad de especificar cuál sea la nacionalidad de referencia a efectos del funcionamiento de la norma de conflicto española. El legislador diferencia entre aquellas situaciones en que la doble nacionalidad se encuentra prevista por las leyes españolas, y aquellas otras en que tal situación no es prevista por nuestra normativa, aportando soluciones diferentes para uno y otro supuesto. I.- Situación de doble nacionalidad prevista por la legislación española: el legislador nacional admite la potencial existencia de situaciones de doble nacionalidad. La Constitución española de 1978 señala en su art. 11.3 la capacidad del Estado español de concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con nuestro país. Añade, que los españoles podrán adquirir la nacionalidad de estos países sin perder la nacionalidad española, aun cuando la legislación de estos Estados no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco (art. 24.1.II y 23.a) CC). En el caso de que la doble nacionalidad esté prevista por el legislador español, el art. 9.9.I CC señala que: 1)- Se estará, en primer lugar, a lo prevenido por los tratados internacionales que vinculen a España en la materia. En la práctica, estos convenios no otorgan en sentido estricto una doble nacionalidad, sino que permiten la adquisición de una segunda nacionalidad que será la real a todos los efectos, sin que ello suponga la pérdida de la anterior, incorporando un mecanismo más sencillo de recuperación o reactivación de la nacionalidad originaria. 2)- Si no existe convenio que vincule a España, o que existiendo nada diga el mismo al respecto, será preferida: a). La nacionalidad coincidente con la última residencia habitual. b). En defecto de ésta, esto es, cuando el sujeto resida en un Estado distinto al de los que le consideran nacional, la última nacionalidad adquirida. II.- Situaciones de doble nacionalidad no previstas por la legislación española: En aquellos supuesto sen que la situación de doble nacionalidad no venga prevista por el legislador español, el ar. 9.9.II precisa que: 1) En el caso de que las dos nacionalidades en liza (en discusión) sean la española y otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales, prevalecerá en todo caso la nacionalidad española. 2) En aquella situación en que el sujeto cuente con dos o más nacionalidades y ninguna de ellas sea la española, se estará a la ley del lugar de su residencia habitual, independientemente de que la misma sea o no, coincidente con alguna de las nacionalidades que ostenta. Ej: ciudadano birmano que cuenta además con la nacionalidad vietnamita, y residiera en el Perú, sería aplicada la ley peruana de acuerdo con el art. 9.9. II CC, al ser ésta la ley de su residencia habitual. b).- Supuesto de apatrídia: En los caos en que el sujeto carezca de nacionalidad o la tenga indeterminada, el art. 9.10 CC señala que se considerará como ley nacional a la ley del lugar de su residencia habitual. Esta solución debe ponerse en relación con lo dispuesto en el art. 12.1 de la Convención de Nueva York, de 29-9-1954 sobre el Estatuto de los apátridas, que incorpora una respuesta diferente a la prevista en la normativa española, al afirmar que el estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio, y solo a falta de domicilio se estará a la ley de su residencia, sin adjetivarla como residencia habitual. 24/02/2012 II.- NACIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD 1.- Nacimiento: así como hay una referencia clara en el art. 9.1 CC sobre que la ley de la nacionalidad del sujeto regula su régimen personal, la cuestión es si esta materias está incluida o no en su estatuto personal, de estar incluida la solución sería la aplicación del art. 9.1 CC, de lo contrario sería una solución diferente. Esta cuestión lógicamente estará dentro del estatuto personal por lo que la solución general es la aplicación de la ley de la nacionalidad del sujeto sin embargo algunos casos presenta problemas para su determinación. El art. 29 CC precisa de forma taxativa que el nacimiento determina la personalidad. Se es persona, desde que se nace. En España, sin embargo dicho nacimiento no produce efectos jurídicos plenos -no genera la adquisición de la personalidad jurídica- si no se

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